Los separatistas más radicales, que quieren asegurar que su dirigente Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica y declarado prófugo por la justicia española, pueda regresar al país, dijeron que el proyecto de ley no le brindaba suficiente protección.
Legisladores separatistas catalanes infligieron un revés al gobierno español ayer martes al rechazar una polémica ley de amnistía que buscaba ayudar a cientos de sus partidarios implicados en el fallido intento independentista catalán de 2017.
Los separatistas más radicales, que quieren asegurar que su dirigente Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica y declarado prófugo por la justicia española, pueda regresar al país, dijeron que el proyecto de ley no le brindaba suficiente protección.
COMISIÓN PARLAMENTARIA
El proyecto debe regresar a una comisión parlamentaria para que lo reelabore en las próximas dos semanas, pero resta por verse qué pueden hacer el gobierno y los separatistas para salvarlo.
El rechazo puso de manifiesto la fragilidad del gobierno, incluso entre sus supuestos aliados. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, aceptó la ley a cambio del apoyo parlamentario de dos pequeños partidos separatistas catalanes, lo que le permitió formar un gobierno en minoría a fines del año pasado.
Pero el proyecto, que ha provocado la ira de millones en España, fue derrotado por el voto en contra del partido catalán Junts. Este partido había impulsado la inclusión de cláusulas que darían total impunidad a Puigdemont si regresara a España.
“Seguiremos negociando con un margen de 15 días… No hay motivos para aprobar una ley de amnistía que contiene huecos”, dijo Míriam Nogueras, de Junts. Dijo que los socialistas les habían advertido que las enmiendas propuestas “podrían significar que la amnistía tendría problemas en Europa”, pero que estaban preparados para ello.
El ministro de Justicia, el socialista Félix Bolaños, dijo que “es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado”, y que votara así juntamente con los partidos de derecha que quieren enviarlos a la cárcel.
El partido de Puigdemont avisó a Sánchez desde el comienzo que serían difíciles de complacer cuando respaldaron su gobierno, pero pocos analistas imaginaron que correrían el riesgo de descarrilar la amnistía diseñada para ayudar a sus propios partidarios.
La derrota revela que el gobierno estará a merced de los separatistas durante todo el período. La coalición de Sánchez tiene 147 asientos en el Parlamento de 350 bancas, y necesita el apoyo de varios partidos para sumar una mayoría de 176. Junts tiene siete escaños.
Puigdemont y la independencia catalana son anatema para muchos españoles. La justicia española quiere juzgar al expresidente de la región catalana por desacato y defraudación, y dos tribunales inferiores investigan si cabe presentar cargos de terrorismo y traición contra él y otros secesionistas.
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