3 de diciembre de 2024

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Ambigüedades frente al canal y el error de cerrar la frontera

Al hacerlo de manera unilateral, Haití no cumple con el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, el Protocolo de 1936 y viola el artículo 11 de nuestra Constitución.

¿Cómo es, entonces, que teniendo la República Dominicana la razón, no logra establecerla en sus relaciones bilaterales con Haití?

Lo primero es que, aunque el actual gobierno ha pretendido transmitir la impresión de que ha asumido a plenitud la defensa del interés nacional, lo cierto es que ha incurrido en inocultables ambigüedades frente a la construcción del canal y a una notable falta de planificación en lo referente al cierre de la frontera.

Con respecto a lo primero, es de conocimiento que en la declaración conjunta de cancilleres de la República Dominicana y de Haití, del 27 de mayo del 2021, sus representantes, luego de señalar “el derecho que tienen ambas naciones de utilizar las aguas de los ríos que se encuentran en la zona fronteriza de manera justa y equitativa”, establecieron que “la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río.”

Eso fue lo que oficialmente sostuvo el gobierno dominicano en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. Pero eso que salió de la declaración de Cancillería no fue una simple ligereza o un lapsus.

Se fundamentó en un informe del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el cual consignó dos puntos básicos: primero, “que la extracción de agua en Haití sería mucho menor que la que hacen los dominicanos del mismo río”; y segundo, “que el canal que construyen los haitianos se ubica debajo de las tomas de aguas de República Dominicana, por lo que no afectaría su disponibilidad del líquido.”

Con informes de ese tipo y declaraciones como los de la Cancillería, ¿cómo creerle a este gobierno de que realmente actúa con seriedad en la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial?

DE LA AMBIGÜEDAD AL ERROR

La disposición del presidente de la República, en medio de un gran despliegue militar, de cerrar la frontera con Haití, por tiempo indefinido, hasta lograr la suspensión de la construcción del canal, ha constituido un grave error.

Esto así debido a que ante cualquier diferendo de carácter internacional, la primera opción de solución nunca sería la militar, sino la diplomática. Al adoptarse esta última habría toda una secuencia de eventos, diálogos, acciones jurisdiccionales, que concluirían, necesariamente, en una resolución pacífica de las controversias.

Empero, el haber pretendido una solución en base a la intimidación, en lugar de alcanzar los objetivos procurados, ha ocurrido lo contrario. Desde el lado haitiano, donde se alegaba que la construcción del canal era la obra aislada de un grupo de incontrolables del sector privado, ahora resulta que ya no es así.

En lugar de tener haitianos presionando para suspender la construcción del canal y permitir la reapertura de la frontera, ahora se le han sumado distintos sectores de la sociedad haitiana, que se trasladan al lugar de construcción del canal para custodiarlo con hombres armados, quienes ondean con orgullo su bandera nacional y hasta han logrado lo que no existía: el respaldo del gobierno.

Ese, obviamente, no era el objetivo que se perseguía con el cierre de la frontera. El conflicto por la construcción del canal, en lugar de disminuir, se ha incrementado. Eso, a su vez, pone de relieve que en el actual gobierno ha habido un grave error en el análisis de la situación planteada, en los mecanismos de toma de decisión y en las formas de gerenciar la crisis.

Ahora, frente a la presión interna presentada por el impacto económico generado por la interrupción de las relaciones comerciales binacionales, el presidente de la República intenta, a través de la rehabilitación del canal de La Vigía y la promesa de la construcción de la presa de don Miguel, reabrir la frontera sin que se haya logrado la suspensión del canal en Haití.

En un juego de palabras, para dar la impresión de que no modifica su postura original, ha señalado que “no es visible una reapertura migratoria en los próximos meses… aunque no descarta “una reapertura económica.”

IMPACTO ECONÓMICO

En menos de un mes, el impacto económico generado por el cierre de la frontera con Haití ha sido devastador. El comercio se ha reducido en cerca de un 60 por ciento. Los productores de pollos de Licey al Medio y Moca se sienten atemorizados ante el futuro incierto de sus granjas.

Más de un millón 300 mil unidades de huevos por día se dejarán de exportar hacia Haití. Eso equivale a cerca de 41 millones de unidades al mes, lo que representa más de 260 millones de pesos.

Una situación parecida ocurre con los productores de ajíes, berenjena, habichuelas y cebolla, así como con los camioneros que trasladan esas mercancías hasta la frontera.

Al no poder colocarse esos productos en el mercado binacional, ahora se genera una sobreoferta en el mercado dominicano. En principio, el gobierno ha decidido asumirlo. Se reparten recursos entre productores y comerciantes para adquisición de productos para Inespre, el desayuno escolar y otros planes sociales.

También ha habido señalamiento de búsqueda de nuevos mercados. Pero, en todo caso, lo que prevalece es una situación anárquica, caótica, no tomada en consideración al momento de adoptar la decisión de cierre indefinida de la frontera.

El año pasado, 2022, las exportaciones dominicanas hacia Haití fueron de mil millones de dólares; y con cerca de 400 millones adicionales por vía del comercio informal, el intercambio comercial total fue de 1 mil 400 millones de dólares.

Así como de nuestra parte tratamos de encontrar nuevos mercados para nuestros productos, con la actual experiencia de cierre de la frontera, es posible que en Haití se piense también en la necesidad de diversificar sus importaciones y no ser tan dependientes del mercado dominicano.

Eso, naturalmente, sería un golpe demoledor para la economía del Cibao y de la región fronteriza, fruto de las ambigüedades y errores de un gobierno que pretendiendo defender valores patrióticos, actúa por impulso, de manera irresponsable y sin visión estratégica.

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