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Santo Domingo
Dos proyectos de ley que se discuten en el Congreso Nacional han generado controversias, debido a la protección que establecen para mujeres en situación ilegal, mediante el reconocimiento de derechos.
El primero fue el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación o Tráfico Ilícito de Migrantes, sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado el 12 de diciembre de 2022 y retirado a los pocos días, después del amplio rechazo que concitó.
Ahora también son repudiadas algunas disposiciones del proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, depositado por el senador Félix Bautista el 19 de enero, principalmente en lo concerniente a la protección a extranjeras ilegales.
Ambos reconocen derechos a favor de migrantes irregulares víctimas de los delitos que se pretenden sancionar y prevenir, y establecen cargas y obligaciones para diversas instituciones, tanto públicas como privadas.
En el proyecto de ley integral de protección a víctimas de violencia de género se establece, en el artículo 46, el principio de responsabilidad social, que dispone que las instituciones privadas, organizaciones sociales y las personas en general, tienen el deber de involucrase en la prevención y denuncia de la violencia contra las mujeres.
Detalla en el párrafo I de ese artículo que esa responsabilidad comprende, entre otras acciones, el aporte para el establecimiento y funcionamiento de casas de acogidas, centros de intervención para hombres con conductas agresoras, centros de recuperación para mujeres víctimas de violencia o cualquier otro tipo de colaboración para la ejecución de la política contra la violencia hacia las mujeres.
Contrario a la ley de trata y tráfico ilícito, que especifica un porcentaje del aporte, en el proyecto para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, contempla que el Estado promoverá incentivos de reducción o exoneración de impuestos a las instituciones que contribuyan con recursos económicos para la creación y funcionamiento de los centros de protección.
También explica que la responsabilidad social incluye el deber de denunciar, socorrer o testificar en casos de violencia contra las mujeres.
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