FINJUS: Urge reforma a la Ley de Compras

Estima que solo así las entidades involucradas en estos procesos podrán cumplir con sus funciones y se fortalecerá una adecuación cónsona al ordenamiento legal.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró ayer que las compras y contrataciones que realiza el Estado para la tramitación de bienes, servicios y obras para el desarrollo estatal deben respaldarse con mejoras transparentes.

Estima que solo así las entidades involucradas en estos procesos podrán cumplir con sus funciones y se fortalecerá una adecuación cónsona al ordenamiento legal y las demandas que exige el engranaje jurídico actual.

“Las normas jurídicas establecen en la sociedad los modos de relacionamiento en torno a temas que atañen a la realidad colectiva e inclusive a la autonomía individual. Por esta razón, es relevante que los principios jurídicos rectores del sistema sustenten un nuevo paradigma que pretenda institucionalizar en el ordenamiento jurídico dominicano una mejora en la regulación de los procesos de compras y contrataciones en el Estado”, expresa en una declaración de prensa.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente Ejecutivo FINJUS, recuerda que desde esa entidad han sido constantes en la necesidad de que exista un ambiente sano de contratación tanto para las empresas nacionales y extranjeras, como para las entidades públicas, las Mipymes y toda la ciudadanía.

“Animados de contribuir positivamente en el desarrollo legislativo nacional, exhortamos a que los poderes públicos actúen sobre la base del respeto irrestricto a las normas, evitando que las contrataciones recaigan en el ejercicio opuesto a su naturaleza en el ordenamiento regulatorio”, indicó.

Refiere que la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones se ha tornado obsoleta en varios aspectos, lo que la ha convertido en la principal fuente de escándalos nacionales, disponiendo a su paso la imperante necesidad de que se brinde un escenario que simplifique los trámites y procesos, pero que cuente con herramientas significativas para el control y transparencia de los actos administrativos.

Castaños Guzmán plantea que el conocimiento del Anteproyecto de Ley General de Contrataciones depositado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ante el Senado de la República,objeto de consenso por parte de los diversos sectores que conforman el país, vigorizaría mejoras en aspectos como los derechos del proveedor, las especificidades de la administración de los contratos y su ejecución y modificación, así como posibles casuísticas de subcontratación.

“Estos aspectos aportan una nueva gama de soluciones ante los conflictos de carácter administrativo”, explica Castaños Guzmán.

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